Después de un diagnóstico de cáncer, es habitual preguntarse si se puede solicitar el grado de discapacidad, y a menudo surgen dudas sobre qué significa exactamente y en qué se diferencia de otros trámites, como la incapacidad laboral. En este artículo te explicamos los puntos clave, basándonos en la guía que utilizamos en nuestro taller de apoyo social sobre discapacidad.

Qué es la discapacidad (y en qué se diferencia de la incapacidad)

La discapacidad es una condición que se produce cuando una persona presenta una limitación física, mental, intelectual o sensorial de carácter permanente. Una cuestión clave que suele generar confusión es que discapacidad no significa incapacidad y no es una enfermedad.

La incapacidad permanente hace referencia a la aptitud laboral de la persona trabajadora, mientras que la discapacidad se refiere a las limitaciones en la vida diaria y en la participación social. Por eso, una persona con discapacidad puede no tener reconocida una incapacidad permanente.

Aportar el certificado de discapacidad en una solicitud de incapacidad puede ser un dato favorable, pero solo uno más, ya que lo que realmente se tiene en cuenta en la valoración de la incapacidad es la aptitud laboral de la persona después de la enfermedad.

Cómo se valora el grado de discapacidad

Desde el 20 de abril de 2023 está en vigor un nuevo baremo de valoración, que sustituye al que se aplicaba desde 1999 y otorga mayor peso a la dimensión social. Un aspecto fundamental de este nuevo baremo es que el diagnóstico de la enfermedad no es un criterio de valoración; se valora la gravedad de las consecuencias que la enfermedad produce después de haber recibido los tratamientos oportunos.

Es decir, dos personas con el mismo diagnóstico de cáncer pueden obtener grados de discapacidad muy diferentes, según cómo les hayan afectado realmente los tratamientos y qué limitaciones les hayan quedado en su día a día. Además, para que puedan valorarse, las secuelas derivadas de la enfermedad deben ser permanentes y el proceso patológico debe estar diagnosticado y documentado por organismos competentes.

Se considera que una persona tiene discapacidad cuando obtiene un porcentaje igual o superior al 33 %, y este grado puede revisarse, tanto a petición de la persona como de la Administración, por mejoría o agravamiento, una vez transcurridos dos años o antes si aparecen nuevas patologías o cambios importantes.

Cómo se solicita el certificado de discapacidad

En Cataluña, la solicitud se presenta —presencialmente o por vía electrónica— ante la Dirección General de Protección Social de la Generalitat de Catalunya o en cualquiera de los Centros de Atención a Personas con Discapacidad (CAD).

La documentación habitual que hay que aportar incluye:

• DNI o NIE.
• Certificado de empadronamiento en Cataluña.
• Informe médico en el que consten los factores que generan la limitación funcional.

El organismo encargado de valorar el grado es el Equipo de Valoración y Orientación (EVO), formado por un médico o médica, un psicólogo o psicóloga y un trabajador o trabajadora social. Esta valoración es independiente del Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM), es decir, son procesos diferentes y uno no condiciona al otro.

La resolución se dicta en un plazo máximo de seis meses desde la fecha de presentación de la solicitud. Si no hay respuesta en los 45 días posteriores a la valoración, se considera denegada por silencio administrativo, y se puede presentar una reclamación en el plazo de 30 días —aunque en ella no se valorarán datos médicos nuevos que no se hubieran aportado en la solicitud inicial—. Por eso es importante presentar toda la documentación desde el primer momento.

Qué ventajas tiene el certificado según el grado de discapacidad

Una vez obtenido el certificado, las ventajas varían según el porcentaje de discapacidad reconocido. A modo orientativo:

• A partir del 33 %: deducciones en el IRPF y en otros impuestos (donaciones, sucesiones, matriculación y circulación de vehículos), descuentos en el transporte público (Tarjeta Rosa, tarjeta de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya), acceso al PUA (Programa Unificado de Ayudas de Atención Social) y asesoramiento laboral especializado.
• A partir del 65 %: Tarjeta Dorada de Renfe, pensión no contributiva por invalidez (PNC), complemento para personas que viven de alquiler y prestación por hijo a cargo.
• A partir del 75 %: complementos adicionales a la PNC y a la prestación por hijo a cargo (no compatibles entre sí).

Si el grado de discapacidad implica movilidad reducida, también se puede optar a la tarjeta de aparcamiento individual y a la deducción del IVA en la compra de un vehículo.

Discapacidad y jubilación anticipada

Una discapacidad reconocida igual o superior al 45 % permite optar a la jubilación anticipada a partir de los 56 años, siempre que la persona se encuentre en situación de alta, que la enfermedad o patología esté incluida en la normativa y que haya trabajado al menos cinco años con la discapacidad reconocida.

Con una discapacidad igual o superior al 65 % y 10 años trabajados, la edad ordinaria de jubilación se reduce en 2,5 años (64,5 años en 2027). Además, si la persona depende de otra, la reducción es de 5 años (62 años en 2027).

Taller de Discapacidad en Kālida Sant Pau

Entender todos estos conceptos y trámites puede generar muchas dudas, sobre todo porque a menudo se confunde discapacidad con incapacidad laboral. Por eso, en el centro Kālida Sant Pau ofrecemos el taller de discapacidad, una actividad de apoyo social en la que, con el acompañamiento de la trabajadora social del centro, puedes resolver tus dudas y entender cuál es el proceso que te corresponde.

Este artículo es solo un resumen orientativo. La normativa cambia con el tiempo y cada situación es particular, por lo que siempre recomendamos contrastar la información con tu abogado o abogada, gestor o gestora, o con la Administración competente.

Si quieres hablar sobre ello o inscribirte en el taller, en Kālida estamos aquí para escucharte y acompañarte.

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